Sobre llovido, mojado: el gobierno blanquea las armas ilegales sin distinción de origen
El daño colateral inmediato, advierten, es el oxígeno que se le inyecta al crimen organizado. Al suspenderse las persecuciones judiciales, la ley le otorga plazo y respiro al mercado negro que comercializa estas piezas para seguir funcionando con impunidad.
El gobierno del presidente Javier Milei puso en marcha hoy, jueves 18 de junio de 2026 a lo largo de todo el territorio nacional, una cuestionable y controversial legislación a partir de la cual las personas que posean armas no declaradas quedarán eximidas de cualquier tipo de sanción penal.
Esta histórica medida oficial otorga a los ciudadanos un generoso plazo de un año para declarar la tenencia de este arsenal ante los organismos del Estado, garantizando bajo la ley que no sufrirán ninguna multa económica, persecución judicial o penalidad por haber comprado y utilizado armamento por fuera de la legalidad institucional.
La disposición del Poder Ejecutivo Nacional, publicada a primera hora en el Boletín Oficial de la República Argentina, le da la tan ansiada luz verde a la Ley 27.805, recientemente votada por el Congreso Nacional en medio de acalorados debates. Esta normativa, que entrará en vigencia de forma irrestricta a partir del próximo 18 de julio, marca un punto de inflexión sin precedentes en la política de seguridad interior del país sudamericano.
La legislación indica de forma explícita que quienes tuvieren bajo su dominio armas de fuego clasificadas como de “uso civil” o de “uso civil condicional” (una categoría eufemística que engloba a las armas de guerra), “que carezcan de registración anterior o que teniéndola hubiere devenido en irregular”, tendrán exactamente un año de plazo para regularizar su situación. Durante este período ininterrumpido, subraya taxativamente la norma, “quedan exentas de ser pasibles de sanción penal las personas humanas por la tenencia ilegal” de dicho armamento letal.
Peligroso blanqueo y vacíos legales
Especialistas en derecho penal y criminología coinciden en que lo que en otras palabras hace este “blanqueo” de armamento es permitir que quienes tengan en su posesión armas de fuego de uso civil o de guerra puedan seguir portándolas y utilizándolas sin ninguna penalidad punitiva durante, al menos, un año más.
El daño colateral inmediato, advierten, es el oxígeno que se le inyecta al crimen organizado. Al suspenderse las persecuciones judiciales, la ley le otorga plazo y respiro al mercado negro que comercializa estas piezas para seguir funcionando con impunidad. De la misma manera, se abre una profunda e inexplorada zona gris en la legislación penal argentina contra los delitos violentos cometidos con posesión de arma.
Esto plantea una interrogante jurídica de difícil resolución en los tribunales: ¿Los delincuentes que fueran detenidos en comisión flagrante de un ilícito bajo amenaza de armas de fuego, podrán ahora acogerse a esta amnistía temporal y evitar ser acusados simultáneamente por el delito de posesión ilegítima, aludiendo que estaban dentro del plazo legal para registrarlas?
El Artículo 3 de la polémica norma no deja lugar a la interpretación restrictiva. Dice explícitamente que "quedan exentas de ser pasibles de sanción penal las personas humanas por la tenencia ilegal de armas de fuego de ‘uso civil’ o de ‘uso civil condicional’" (armas de guerra), que, según los expedientes judiciales, son las más utilizadas en la comisión de asaltos, entraderas y homicidios urbanos.
El perdón otorgado por el Estado por la tenencia clandestina es de una magnitud tan amplia que no solo alcanza a los usuarios históricos que olvidaron o no quisieron declarar sus nuevas armas, sino también a aquellos ciudadanos que jamás en su vida pasaron por los estrictos controles psicológicos, toxicológicos y de idoneidad en el tiro para obtener la habilitación como “legítimo usuario de armas de fuego”.
El único castigo real que prevé la normativa gubernamental es la retención del armamento de forma preventiva, pero esto aplicará de manera exclusiva en caso de que las unidades no pasen los controles mínimos de calidad del Estado o presenten problemas “técnicos graves” que imposibiliten su uso seguro. Es decir, el arma no se incauta por su origen ilegal, sino por estar rota.
Una vez hecha la confesión de la tenencia ilegal en sede administrativa, revisada el arma, perdonado legalmente el usuario y cerrado por completo el trámite burocrático de blanqueo, recién en esa instancia postrera la ANMAC informará a los nuevos usuarios registrados sobre “los peligros referentes a la tenencia de armas de fuego”.
Un gobierno abiertamente pro armas
Por más controversial, arriesgada o escandalosa que le parezca a gran parte de la sociedad y a los organismos internacionales, esta medida está perfectamente alineada con las distintas y sostenidas disposiciones que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tomó en materia de armas de fuego desde su asunción.
A finales del año pasado, el Gobierno Nacional también promulgó y defendió una resolución técnica del Renar que aprobó sin miramientos un nuevo régimen regulatorio. Este permitió la adquisición y tenencia civil de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles de alta capacidad, estilo fusil de combate, carabina o subametralladora de asalto. Estos dispositivos, derivados directamente del armamento militar moderno, garantizan una letalidad y una cadencia de fuego devastadora.
El paso previo y necesario a esa peligrosa habilitación fue otra escandalosa medida que sacudió el panorama institucional: la baja de 21 a 18 años de la edad biológica autorizada para ser un legítimo usuario frente a la ley, acompañada por la instauración de la posibilidad de obtención de un vertiginoso permiso de “tenencia express”.
Todo esto se enmarca en un agresivo plan de desregulación armamentística y liberación sin barreras del mercado de letalidad que promueve la administración central. Mediante este régimen, a mediados del año pasado se habilitó definitivamente a los legítimos usuarios civiles a la compra irrestricta y tenencia de armas de guerra, dispositivos que desde el año 1995 estaban categóricamente restringidos en Argentina solamente para el uso militar, fuerzas policiales o de seguridad nacional.
Datos estadísticos: Una radiografía del arsenal oculto
Los números respaldan la gravedad institucional de la situación que el gobierno pretende blanquear. Según informes históricos recabados por diversas ONGs, como la Red Argentina para el Desarme, y estimaciones de agencias internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la proliferación de armas irregulares en Argentina alcanza cifras alarmantes.
Se estima que, hasta antes de la promulgación de la Ley 27.805, el número de armas en circulación clandestina en el territorio nacional superaba holgadamente la cifra de 1.500.000 (un millón quinientas mil) unidades operativas, igualando o incluso sobrepasando la cantidad de armas debidamente registradas.
"Las amnistías sin políticas de destrucción sistemática no desarmistas solo terminan engordando los inventarios criminales y legalizando la impunidad de un Estado que renuncia a su rol fiscalizador", aseguran desde los observatorios de violencia urbana. Estos organismos advierten con datos contundentes que el 70% de las muertes violentas en el país por uso de armas de fuego no se dan en situaciones de inseguridad tradicional o robos, sino en el marco de la resolución violenta de conflictos interpersonales, disputas barriales y trágicos episodios de violencia de género intrafamiliar.