La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó una sentencia definitiva que marca un antes y un después en la economía de plataformas. El máximo tribunal bonaerense rechazó los recursos presentados por las empresas Rappi y PedidosYa, ratificando que los repartidores no son "socios" ni "colaboradores", sino empleados en relación de dependencia. Con esta decisión, las compañías deberán afrontar multas millonarias por fraude laboral.
El conflicto judicial, que se extendió por más de cuatro años, tuvo su origen en una serie de inspecciones realizadas en 2020 por el Ministerio de Trabajo provincial. En aquel entonces, los agentes detectaron que los trabajadores operaban bajo condiciones de subordinación técnica y económica. El fallo actual confirma la potestad del Estado para sancionar estas irregularidades y establece que el uso de algoritmos no exime a las firmas de cumplir con la Ley de Contrato de Trabajo.
"La existencia de una plataforma digital no autoriza a las empresas a evadir sus obligaciones como empleadores", sentenciaron los magistrados de la Corte.
El tribunal fundamentó su decisión en que las empresas ejercen un control directo sobre la tarea: asignan pedidos, fijan las tarifas de forma unilateral y aplican sanciones o bloqueos mediante el software. Según el Ministerio de Trabajo, a cargo de Walter Correa, este sistema de "premios y castigos" anula la supuesta autonomía del repartidor, quien depende enteramente de las órdenes impartidas por la aplicación.
Multas millonarias y falta de cobertura
La resolución deja firmes sanciones económicas que superan los 33 millones de pesos en conjunto. Los montos detallados por la autoridad laboral son: PedidosYa: 17 millones de pesos, Rappi: 16 millones de pesos.
Estas multas fueron impuestas por la falta de registración laboral, la ausencia de aportes previsionales y la inexistencia de cobertura de Riesgos del Trabajo (ART). Hasta hoy, el modelo de negocio se basaba en que el repartidor fuera monotributista, trasladándole los costos operativos y los riesgos de accidentes en la vía pública.
Un precedente para el modelo de negocios
Desde la gestión de Axel Kicillof celebraron el fallo, destacando que el 90% de los repartidores relevados en las inspecciones originales carecía de beneficios sociales. Este escenario obligará a las aplicaciones a reestructurar su funcionamiento en territorio bonaerense para adecuarse al marco legal vigente.
Aunque las empresas agotaron las instancias en la provincia de Buenos Aires, todavía queda abierta la posibilidad de que intenten un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, este fallo sienta un precedente jurídico clave para miles de trabajadores que pedalean diariamente bajo las órdenes de un "jefe" digital.
