Freno al cierre del INTA-AMBA: la Justicia suspendió despidos y la venta de inmuebles
La Justicia Federal de San Martín dictó una cautelar por seis meses que frena el cierre del INTA-AMBA, suspende los despidos y la venta de sus edificios.
En un fallo de fuerte impacto para la región y el sector socio-productivo local, la Justicia Federal con asiento en San Martín dictó una medida cautelar que frena de inmediato el desmantelamiento de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA-AMBA. La resolución, firmada por el juez federal subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, suspende los efectos de la polémica Resolución 27/2026 del Consejo Directivo del organismo, que ordenaba el cierre de dicha unidad clave para el conurbano.
El fallo judicial, que tendrá una vigencia inicial de seis meses, representa el primer freno legal contra el plan de reorganización institucional del Gobierno Nacional. La medida alcanza no solo al cierre de la Estación Experimental y sus nueve agencias de extensión rural, sino que prohíbe de forma taxativa los despidos, pases a disponibilidad, traslados de equipamiento y la interrupción de capacitaciones o ensayos científicos.
Es importante recordar que la demanda había sido presentada de forma conjunta por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal del INTA (APINTA), junto a diversas organizaciones de la agricultura familiar y productores locales. Los gremios argumentaron que la decisión oficial era "manifiestamente arbitraria e ilegítima" y que ponía en riesgo un entramado construido durante más de quince años.
Uno de los puntos más sensibles de la cautelar aborda el futuro de las tierras y edificios del organismo. Ante el temor de los gremios de que los predios fueran transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior privatización, el magistrado resolvió que cualquier proceso de venta o subasta de los inmuebles ocupados por la EEA AMBA queda totalmente suspendido.
Los argumentos esgrimidos por el juez a la hora de dictaminar la cautelar
Al analizar este pedido, el juez Portocarrero Tezanos Pinto consideró que existía un "peligro en la demora" y que avanzar con el cierre inmediato provocaría daños irreparables para la comunidad y el sistema científico: "la ejecución inmediata del cierre podría generar la desarticulación de equipos técnicos especializados, la pérdida de redes institucionales construidas durante años de trabajo territorial y la afectación de vínculos establecidos con productores y organizaciones sociales de la región".
Así mismo, el magistrado envió un fuerte mensaje respecto a la situación de los trabajadores, señalando que cualquier disposición administrativa que altere de forma unilateral sus condiciones laborales constituye "una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos".
