En Morón, los deudores por cuota alimentaria no podrán habilitar comercios
Así lo comunicó el intendente Lucas Ghi en el marco de una actividad que desarrolló junto a la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.
En una decisión que busca marcar un fuerte precedente en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Municipio de Morón implementará esta nueva restricción. De este modo, aquellas personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios no podrán tramitar ni obtener habilitaciones para la apertura de comercios dentro de este partido.
La iniciativa apunta directo a una problemática silenciosa pero que afecta a miles de familias en el conurbano bonaerense: la evasión del pago de la cuota alimentaria. A partir de esta nueva normativa, el Estado Municipal suma un requisito ineludible a la hora de iniciar un expediente de habilitación comercial.
Antes de otorgar el permiso para levantar la persiana de un nuevo local, el municipio cruzará los datos del titular con el registro provincial. Si el solicitante figura como deudor, el trámite quedará automáticamente paralizado hasta que regularice su situación judicial y económica con sus hijos o hijas.
Desde el ámbito local señalan que esta medida es una forma de "fortalecer la institucionalidad" y garantizar que quienes busquen invertir y desarrollar actividades económicas en Morón, primero cumplan con sus obligaciones familiares más básicas. La lógica es clara: si hay capital para abrir un negocio, debe haber fondos para garantizar el alimento y el bienestar de los menores involucrados.
Esta barrera administrativa se suma a otras restricciones que ya rigen a nivel provincial (Ley Provincial 13.074, actualizada por la Ley N° 15.520) para quienes integran el listado de morosos, como la imposibilidad de renovar la licencia de conducir o ser proveedores del Estado. Sin embargo, al trasladarlo al ámbito de las habilitaciones comerciales, Morón da un paso más en la presión económica sobre los infractores, buscando que la responsabilidad parental deje de ser una opción y vuelca a ser una obligación ineludible.
