Crece por la redes y con autoconvocados la consigna: "La tierra no se vende"

La tensión política, ambiental y social en la Argentina a resurgido de cara a una semana legislativa que promete ser definitoria. La convocatoria para marchar hacia el Congreso de la Nación este jueves 6 de agosto en contra de la ley de venta de tierras, ha ganado una fuerza arrolladora en los últimos días desde múltiples lugares: redes sociales, autoconvocados, asambleas, foros, actos y grupos de Whatsapp.

El proyecto de ley, de aprobarse, facilitará la extranjerización irrestricta de las tierras rurales a lo largo y ancho del país, al tiempo que reducirá los controles estatales sobre recursos naturales que son considerados como estratégicos para el futuro de la nación.

¿Qué esconde la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada?

Para comprender la magnitud del rechazo, es necesario desglosar los detalles del texto legislativo. En materia de vivienda y ocupación, la ley habilita un régimen de desalojos expeditivos mediante la figura de "juicio sumarísimo". Esto permite un lanzamiento exprés contra quienes sean considerados "intrusos", ejecutado bajo la simple caución juratoria del reclamante, lo que, según especialistas en derechos humanos, deja en estado de indefensión a miles de familias campesinas e indígenas que habitan ancestralmente tierras sin la titulación registral moderna.

Por otro lado, la normativa asesta un golpe al corazón de la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina de cuajo la actual prohibición de treinta años para cambiar el uso comercial o inmobiliario de aquellas tierras que hayan sido deliberadamente incendiadas, ya sea en pastizales o en zonas de vital interfase urbano-forestal.

El nudo de la soberanía: La Ley de Tierras Rurales

El capítulo que concentra el mayor nivel de conflictividad y rechazo social es, sin lugar a dudas, el que busca reescribir de un plumazo los alcances de la Ley de Tierras Rurales N° 26.737, una normativa estratégica sancionada por el Congreso Nacional en el año 2011 durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la actualidad, esta norma funciona como un escudo protector: limita al 15% el total de la tierra rural que puede estar en manos de extranjeros a nivel nacional, y aplica ese mismo tope de forma estricta a nivel provincial y departamental. Además, la ley baja ese tope de concentración al 30% para individuos o corporaciones de una misma nacionalidad extranjera, impide legalmente comprar más de 1.000 hectáreas en la "zona núcleo" (las áreas agrícolas más fértiles y rentables del país), y prohíbe de manera absoluta que capitales foráneos adquieran inmuebles que contengan cuerpos de agua permanentes de envergadura.

Para las personas físicas extranjeras y los fondos de inversión privados de capital transnacional, directamente no habrá techo ni límite de hectáreas.

La agenda federal: un mapa de acciones callejeras en todo el país

La consigna que difunden por las redes los grupos autoconvocados marca un agenda federal que crece día a día. La dinámica de movilización comenzó a intensificarse con asambleas locales y actividades de concientización pública en diversas provincias.

El pasado viernes se registró una asamblea abierta en el hall de la terminal de ómnibus de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, un encuentro de cine-debate en el centro de Córdoba capital y una reunión de debate en la sede del gremio docente UnTER en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Previamente, durante el día jueves, la provincia de Jujuy concretó un banderazo en la Plazoleta Eva Perón, mientras que la provincia de Santa Fe coordinó cinco banderazos simultáneos en las localidades de Rosario, Funes, Pérez y Villa Gobernador Gálvez.

Para la jornada del sábado, la agenda de los manifestantes incluyó la realización de banderazos en Baradero y en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú —con puntos de encuentro en el Puente Rojo y en los Obeliscos de la Costanera—, así como en Paraná. La Patagonia sumó convocatorias en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, en Tierra del Fuego. En el norte y centro del país, las actividades se trasladaron al Complejo Municipal Xamena de la ciudad de Salta y a la plaza San Martín en La Pampa, complementadas por un semaforazo en la localidad de Concordia y un banderazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que marchó desde la intersección de las avenidas Corrientes y Callao hasta el Obelisco.

El punto cúlmine de esta serie de protestas está programado para el jueves 6, coincidiendo con la jornada fijada para la sesión parlamentaria. Además del acto central con un abrazo al Congreso Nacional, la agenda prevé movilizaciones simultáneas en ciudades como Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Bariloche, San Martín de los Andes, Catamarca, Tucumán, Salta, Esquel y diversos municipios del Gran Rosario, configurando una red de protestas de escala nacional.

La estructura detrás de la movilización y la red de coordinación

Pese a la dispersión geográfica de las convocatorias, las acciones se encuentran articuladas mediante una plataforma organizativa estructurada. Una comunidad de la aplicación WhatsApp, bajo la consigna unificada "La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja", reúne a cientos de participantes distribuidos en grupos específicos por cada ciudad y provincia, funcionando como la columna vertebral operativa de las manifestaciones.

La coordinación se sostiene mediante asambleas y encuentros virtuales periódicos que han llegado a congregar a más de 250 representantes de distintas regiones de la Argentina.

La articulación sindical y los respaldos institucionales y eclesiásticos

El frente de oposición al proyecto oficialista ha sumado la adhesión progresiva de diversos actores del ámbito laboral y religioso. En una primera fase, se integraron la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, a las que se acoplaron posteriormente las dos centrales de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que participará de forma orgánica en la jornada de protesta frente al Palacio Legislativo. Esta determinación de la cúpula sindical representa un hito dentro del esquema de movilizaciones programado por el triunvirato para el segundo semestre del año. En este sentido, las autoridades de la central obrera prevén brindar una conferencia de prensa este miércoles para detallar la logística y el despliegue de la manifestación en las inmediaciones del Congreso.

De manera paralela, la iniciativa parlamentaria ha recibido el rechazo explícito de sectores de la Iglesia Católica y comunidades religiosas. Se hicieron públicos pronunciamientos contrarios al proyecto mediante una carta abierta firmada de manera conjunta por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Pastoral Social y Cáritas. A estas declaraciones se sumaron comunicados del Movimiento Nacional de Capellanes y del Llamamiento Argentino-Judío.

El panorama de protesta sindical y social se extenderá al día posterior del debate legislativo. El viernes 7 de agosto, fecha en que se conmemora la festividad de San Cayetano, la CGT, las dos CTA y la UTEP marcharán de manera organizada en la tradicional peregrinación por "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", al cumplirse diez años de su primera edición colectiva. La caminata, que cubrirá el trayecto desde el barrio porteño de Liniers hasta la Plaza de Mayo, actuará como un segundo foco de presión sobre la agenda gubernamental.

En ese marco, la CTA de los Trabajadores resolvió incorporar la exigencia de rechazo a la derogación de los límites a la extranjerización de tierras dentro de su pliego de reclamos, junto a los planteos sobre la situación previsional y la oposición a l